En qué consiste la ley devuélveme mi casa

En el diario oficial de la República de Chile del pasado jueves 30 de junio del 2022, entró en vigencia la incorporación de medidas precautorias para la restitución anticipada de inmuebles y cobro de rentas de arrendamiento. 

 

La llamada ley “devuélveme mi casa” presenta principalmente un alivio al gran temor del propietario arrendador de inmuebles, ya que anteriormente frente a la ausencia de pagos de rentas, un proceso de desalojo judicial por incumplimiento de contrato de arriendo podía demorar incluso un año, con esta modificación la restitución de la propiedad, desde el inicio de la demanda hasta el fallo del juez y devolución del inmueble podría demorar aproximadamente un mes.

 

El procedimiento se basa en presentar una demanda judicial civil, donde además de identificarse las partes, el inmueble objeto de demanda, presentar el contrato de arriendo, y los medios probatorios del incumplimiento de pago, debe acompañar una solicitud donde requiere al deudor el pago de las rentas dentro del plazo de 10 días corridos, y no solo las rentas si no además, si es el caso, los gastos comunes y servicios adeudados.

 

El arrendatario tendrá estos diez días para emitir el pago, oponerse a la demanda o comparecer a audiencia, en caso de no hacerlo se le tomará como culpable, se procederá al fallo de desalojo que podrá contar con el apoyo y acompañamiento de las fuerzas judiciales para ejecutar el mismo.

 

Aunado a esto, además de el no pago de las rentas, otra causal de restitución inmediata de la propiedad por fallo judicial será el deterioro del inmueble que impida volver a usarla. Para ello se deberán acompañar medios probatorios como  fotografías, informes y testigos de que demuestren la gravedad de la situación.

Esta ley además agregó la obligación a los notarios públicos de exigir la titularidad de inmueble a quien firme cómo arrendador, donde se le permite la posibilidad de ceder el inmueble. Lo cual no sólo aligerará este proceso en el caso de los propietarios, sino además en la práctica, genera mayor tranquilidad y una garantía al arrendatario de saber que quien firma el contrato de arriendo realmente tiene la facultad de hacerlo.

 

En definitiva, este decreto significa un gran avance para el rubro, ofrece mayor seguridad jurídica y ayudará a que el mercado inmobiliario destinado al arriendo se regularice positivamente.

 

En Rila Inversiones apoyamos estos cambios para que en la práctica se logren recuperar los inmuebles y las rentas lo antes posible, y contamos con un equipo de abogados expertos para facilitar cualquier proceso necesario.